El gran reto de la remunicipalización del agua

Hug March

Artículo publicado en El Periódico de Cataluña el 21 de marzo de 2017.

Coincidiendo con la proximidad del Día Mundial del Agua (que se celebra cada 22 de marzo), el domingo 19 de marzo una marcha recorrió Terrassa con el lema ‘Per una gestió pública i democràtica de l’aigua. S’escriu aigua i es llegeix democràcia’. Con esta ciudad a la cabeza, varios municipios catalanes, como Barcelona, se plantean la idea de remunicipalizar el servicio de agua, mirando de reojo las experiencias internacionales en este campo de París y Berlín y acciones del Movimiento Europea del Agua.

La remunicipalización del servicio, y de manera más genérica todos los procesos a diferentes escalas geográficas que pretenden recuperar el control público sobre el ciclo integral del agua, afrontan dos grandes retos. El primero, y más inmediato, es establecer un nuevo marco contractual-legal, que muchas veces se ve inmerso en un proceso contencioso y de confrontación entre intereses privados y públicos. Este reto también incluye crear nuevos relatos e imaginarios sobre cómo debe ser la nueva gestión pública y democrática del agua desmontando la supuesta superioridad en términos de eficiencia que se le ha atribuido a la gestión privada.

water pipelines

     Foto: BMW Guggenheim Lab (CC BY-NC-ND 2.0)

El segundo reto, menos inmediato pero también menos debatido y de vital importancia es sostener financieramente en el tiempo estos nuevos modelos públicos de gestión. La reciente crisis financiera que sufrió el ciclo público del agua nos da una serie de lecciones y abre una serie de interrogantes al respecto. La escalada de la deuda pública del ciclo del agua catalán, que en el 2011 sobrepasó los 2.000 millones entre la Agencia Catalana del Agua y el operador regional en alta Aguas Ter-Llobregat (ATLL), culminó con la licitación en el 2012 de este último a un consorcio privado para 50 años.

Las importantes inversiones en el ciclo hidrológico de los últimos 20 años, los cambios en los patrones de consumo combinados con un modelo financiero que no respondía a las necesidades reales, y la coyuntura económica reciente marcada por la imposición de estrictos déficits desde Europa y del Estado, y el cierre de los mercados de capital para las administraciones públicas, explican en buena medida el porqué de esta reconfiguración supuestamente “inevitable” hacia la gestión privada de ATLL. De rebote, también explican el que la ciudadanía ha visto como en los últimos años el recibo del agua ha aumentado de manera muy notable, especialmente en la Región Metropolitana de Barcelona, afectada por el cambio en ATLL.

En este sentido el debate imprescindible que debería producirse, reconociendo las distancias que hay entre gestión en alta (extracción del agua desde los ríos, embalses, acuíferos y plantas de desalinización, potabilización y conducción hasta los municipios) y gestión en baja (gestión municipal del servicio), es el cómo y de dónde se obtienen los recursos necesarios para garantizar la gestión pública de la infraestructura y del servicio, a medio y largo plazo y que esta sea ambientalmente sostenible y sobre todo socialmente justa y perdurable en el tiempo. ¿Esto quiere decir que solo se ha de sostener a través de cánones finalistas y tarifas directas cobradas por entes públicos que deben ser financieramente autosuficientes? ¿O se puede pensar en modelos similares a los que financian la educación y la sanidad pública, al menos por unos consumos básicos?

Lo que no tendría sentido, y generaría frustración ciudadana, es que el cambio de gestión privada en gestión pública reprodujera los mismos esquemas que generaron una espiral de deuda creciente y la necesidad perversa de acceder a los mercados nacionales e internacionales de capital para sufragalo. Una nueva crisis financiera haría tambalearse el sistema y desembocaría inevitablemente en nuevos procesos de privatización deslegitimando la gestión pública. Por otra parte, es imprescindible que cualquier paso hacia nuevos modelos de gestión pública vayan acompañados de una participación activa de la ciudadanía, y una gestión transparente, que garantice realmente el control ciudadano sobre el ciclo del agua.

En resumen, la pregunta clave, y que va más allá del debate sobre la reumunicipalización es: ¿Qué modelo queremos de infraestructuras para Catalunya, especialmente aquellas que proveen servicios básicos a la población? ¿Y cómo lo hemos de sostener financieramente? En el fondo, si hablamos de garantizar e impulsar la soberanía ciudadana, el agua, como bien básico debería ser uno de los aspectos clave a tratar.

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